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Alberto Fernández busca consolidar la paz cambiaria y analiza ponerle un freno al impuesto a la riqueza

El Presidente empezó a dar un discreto giro en su gestión, apelando a una mayor racionalidad económica. La carta de Cristina Kirchner, además, parece haberle dado mayor margen de maniobra. Pero el tiempo apremia porque el Banco Central se queda sin reservas para intervenir en el mercado.

Alberto Fernández busca consolidar la paz cambiaria y analiza ponerle un freno al impuesto a la riquezaEl presidente Alberto Fernández.

A fuerza de controles, el Gobierno consiguió una tregua en el frente cambiario. En la semana se registró una caída de 25 a 30 pesos en los dólares financieros, pero aún resulta insuficiente. Con una brecha que continúa arriba del 90%, cualquier esfuerzo por equilibrar el mercado de divisas terminará en fracaso. Por eso, el objetivo es aprovechar este descanso en medio de la crisis cambiaria para dar señales que ayuden a mejorar las expectativas.

El Gobierno cayó en la cuenta de que no hay margen para dar pasos en falso. La situación sigue siendo extremadamente delicada a pesar de la caída del contado con liquidación y el libre. Reportes del cierre de semana de Consultatio o Invecq calcularon que las reservas líquidas en “poder” del Banco Central son negativas en más de USD 2.000 millones.

Es decir, se está rascando el fondo de la olla para vender dólares en el mercado cambiario, abasteciendo como se puede a los importadores, a empresas que precisan pagar deuda y a los pocos que todavía pueden comprar dólar ahorro.

Pero, además, los últimos datos del balance cambiario del Central muestran que prácticamente se está evaporando el ingreso de divisas por superávit comercial, uno de los activos que aún podía mostrar el Gobierno.

Es insuficiente la caída de 30 pesos que consiguió el Gobierno en el dólar, a fuerza de controles. La brecha cambiaria a un 90% incentiva a los importadores y los exportadores se resisten a liquidar. Además, las reservas líquidas ya serían negativas en más de USD 2.000 millones
En una situación tan delicada, la decisión de no devaluar no puede ser sólo declamativa. Hay que ayudarla con señales, un rumbo claro y hechos concretos.

El aporte solidario, también conocido como impuesto a la riqueza, es uno de los temas que se analiza con más detenimiento por estas horas en Casa Rosada. Alberto Fernández lo defendió públicamente, pero nunca estuvo convencido de su verdadera utilidad. Pero ahora el Presidente estaría decidido a “cajonearlo”. No tiene que hacer ningún anuncio público: basta con que no se trate durante noviembre, el último mes de sesiones ordinarias en el Congreso.

No fueron sólo los banqueros. También los industriales y el campo le sugirieron que no avance con este gravamen, debido a que provocaría un duro impacto a aquellos que apostaron por invertir en el país. La lacónica respuesta que en su momento les dio Alberto Fernández fue: “Hablen con Carlos Heller”, el diputado y presidente de Banco Credicoop, que impulso la iniciativa junto con Máximo Kirchner.

Varios ministros del ala económica también le explicaron al Presidente sobre la inconveniencia de avanzar con esta iniciativa. Concluyen que tendrá muchos más costos que beneficios. Si bien a corto plazo generaría una recaudación adicional (supuestamente por única vez), la señal sería tan negativa que provocaría presión adicional sobre el tipo de cambio y consolidaría un fuerte clima “anti inversión”.

Además, el Gobierno podría quedar expuesto a un fuerte revés judicial y a una suerte de rebelión fiscal. Casi todos los tributaristas de la Argentina coinciden en que un gravamen de estas características es confiscatorio, es decir avanza de manera inconstitucional sobre el patrimonio de las personas.

Dejar en suspenso el impuesto a los ricos es un gesto fundamental en este contexto, en el que hay que enviar señales de tranquilidad al mercado y al mismo tiempo atraer inversiones que permitan salir más rápido de la crisis. La idea sería -en principio- dejar pasar el tiempo y que no sea tratado en sesiones ordinarias
El propio Alberto Fernández impulsó ni bien asumió un importante aumento del impuesto a las Bienes Personales, que pasó de 0,75% a un máximo de 2,25% en el caso de activos en el exterior. Ya ese impacto de por sí era enorme. Pero agregar el denominado “impuesto a los ricos” equivale a casi triplicar esa presión sobre el patrimonio. No hay un solo país en el mundo que aplique semejante presión en apenas un año.

Con todo, parte del daño ya está hecho. Muchos hombres de negocios ya apuraron su salida de la Argentina y establecieron residencias fiscales fuera del país para escaparle a este impuesto o simplemente no seguir sometidos al yugo del fisco argentino. Detener este éxodo se vuelve algo acuciante, no sólo desde el punto de vista tributario sino también como señal para futuras inversiones.

El proyecto tuvo dictamen de comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, pero todavía no hay fecha para su tratamiento. Además, también se dio marcha atrás con la idea inicial de votarlo el mismo día que el proyecto de Presupuesto 2021. La semana pasada la iniciativa recibió media sanción en Diputados, pero el nuevo impuestazo brilló por su ausencia, lo que resultó un indicio en relación a la orden de dejarlo en “stand-by”.

El anuncio de futuras subas de tarifas en luz y gas, el descongelamiento de prepagas y alquileres, el objetivo de menor dependencia de la emisión monetaria y el desalojo de Guernica son algunas de las señales claras del giro gradual que Alberto Fernández busca darle a su gestión. La carta de Cristina parece haberlo además habilitado a ello
Se dieron además situaciones insólitas. Hace diez días se presentó un proyecto de nuevo blanqueo para quienes inviertan en construcción. Pero al mismo tiempo se estaría castigando a los que exterioricen un patrimonio superior a los $200 millones. Se trata de un sinsentido: promover nuevas inversiones en real estate, pero a su vez castigando la exteriorización de inmuebles y otro tipo de activos. El proyecto de Heller y Máximo ni siquiera deja afuera del cálculo a la vivienda familiar.

Pero por supuesto que no avanzar con este proyecto es un gesto más de muchos los que se están esperando. La carta de Cristina Kirchner tuvo muchas interpretaciones, pero quizás hay un aspecto en el que hubo más coincidencias: la vicepresidenta se “despegó” de la gestión y aclaró que éste es el gobierno de Alberto Fernández. De esta forma, lo “empoderó” al Presidente para que siga el rumbo que considera más conveniente y supuestamente sin interferencias.

En los últimos días hubo varias medidas que buscaron consolidar ese giro de mayor racionalidad en las decisiones económicas. Se anunció un aumento de luz y gas a partir de enero de 2021, con lo cual la idea es que no sigan aumentando los subsidios. Se vienen más descongelamientos, por ejemplo en medicina prepaga y en el caso de alquileres a partir de febrero del año que viene. La colocación de deuda de la última semana procura reducir la dependencia de la emisión monetaria. Y la decisión de avanzar en el desalojo de la toma de Guernica también está dentro de este “giro”, que costó un fuerte repudio del kirchnerismo de paladar negro.

Aunque Alberto Fernández no está dispuesto a dar grandes volantazos a su gestión, sí está dando señales de un giro a su gestión y que proyecte señales más previsibles del rumbo al que se quiere ir. La única certeza es que el tiempo apremia. Diciembre está a la vuelta de la esquina y habrá que llegar de una manera más ordenada para no sufrir los típicos sobresaltos de fin de año, un clásico de las crisis argentinas.

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