EL EMPALME RADIO LA MEJOR MÚSICA DEL MUNDO
La Policía allanó el lugar ante la orden del juez federal Luis Armella, que determinó una serie de medidas mientras se investiga presunto lavado de dinero.
La Policía Federal llevó a cabo un decomiso de mercadería en la feria La Salada, correspondiente a productos que estaban retenidos desde fines de mayo, tras la detención de Jorge Castillo y varios de sus socios. Según trascendió, el operativo fue ordenado por el juez Luis Armella.
Como consecuencia de estos procedimientos, los puesteros se manifestaron en la entrada del predio y exigieron poder retirar sus pertenencias. “No nos quieren mostrar la orden de allanamiento ni del secuestro. Esto es un robo”, expresó una feriante visiblemente indignada.
Los trabajadores también señalaron que el Gobierno bonaerense se comprometió a permitir la reapertura de la feria a partir del lunes 16 de junio. Esta decisión habría sido el resultado de una reunión entre el gabinete de Axel Kicillof y las autoridades de ARBA y ARCA.
La semana pasada, el gobernador bonaerense utilizó sus redes sociales para referirse al tema. “Desde la provincia de Buenos Aires estamos trabajando junto al Gobierno nacional, el municipio de Lomas de Zamora y la fiscal Cecilia Incardona para regularizar la situación de las ferias de La Salada y que los trabajadores puedan mantener sus fuentes laborales”, publicó en su cuenta de X.
Además, agregó: “En la reunión que se llevó adelante hoy se acordó arbitrar las herramientas necesarias para que los trabajadores puedan cumplir con los requerimientos que la Justicia Federal solicitó para la habilitación”.
El cierre del complejo tuvo lugar el 21 de mayo, a raíz de la detención de Jorge Omar Castillo —conocido como el “Rey de La Salada”—, su hijo Manuel, y Aldo Presa, ex socio del empresario, junto a otros familiares. Todos están acusados de integrar una asociación ilícita, además de enfrentar cargos por lavado de dinero y evasión fiscal.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, bajo la conducción del juez Luis Armella y con la intervención de la Fiscalía Federal liderada por Cecilia Incardona.
La decisión judicial dejó a más de 30 mil familias sin su principal fuente de ingresos y provocó reiteradas protestas, tanto en la puerta del predio ubicado en Ingeniero Budge como frente a la Municipalidad de Lomas de Zamora.
