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Los contribuyentes de Florida podrían perder hasta 218 millones de dólares tras la orden de una jueza federal de cerrar el polémico centro de detención de inmigrantes en los Everglades, conocido como “Alligator Alcatraz”. La instalación, inaugurada hace menos de dos meses, enfrenta múltiples demandas y deberá quedar vacía en un plazo máximo de dos meses.
El fallo de la jueza de distrito Kathleen Williams representa un fuerte golpe económico y político para el estado, que apostó recursos millonarios para transformar un antiguo aeropuerto de entrenamiento en una megacárcel improvisada de inmigrantes.
De acuerdo con documentos judiciales, el Departamento de Manejo de Emergencias de Florida perderá la mayor parte de la inversión realizada, pues las estructuras instaladas difícilmente podrán reutilizarse. El cierre inmediato costará entre 15 y 20 millones de dólares, y si en el futuro el estado quisiera reabrir el centro, debería gastar otros 15 a 20 millones para reinstalar los equipos.
En total, Florida ya había firmado más de 245 millones de dólares en contratos para la construcción y operación de la instalación, inaugurada oficialmente el pasado 1 de julio. El lugar consistía en grandes carpas blancas rodeadas de rejas, con literas alineadas en su interior.
Florida ya había firmado más de 245 millones de dólares en contratos para la construcción y operación de la instalación. Foto: REUTERS/Marco Bello/File Photo
El propio presidente Donald Trump recorrió el centro el mes pasado y lo describió como un “modelo” para futuras instalaciones de detención, mientras su administración acelera su política de deportaciones masivas.
Problemas desde el inicio
“Alligator Alcatraz” ha estado envuelto en controversia desde el comienzo. Diversas denuncias apuntaron a condiciones insalubres y a que los detenidos estaban prácticamente incomunicados de abogados y familiares.
Además, organizaciones ambientales y la tribu Miccosukee demandaron al estado por no realizar la revisión de impacto ambiental requerida para un proyecto ubicado en humedales sensibles. La jueza Williams les dio la razón y ratificó esta semana su decisión de suspender indefinidamente la operación del centro.
En su fallo, la magistrada subrayó que la disminución del número de detenidos hacía posible el cierre sin afectar las metas de control migratorio del gobierno federal. De hecho, correos internos revelados en el proceso mostraban que, para el 22 de agosto, las autoridades de Florida ya anticipaban quedarse con “cero personas” en el recinto en cuestión de días.
“Alligator Alcatraz” ha estado envuelto en controversia desde el comienzo. . Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en un comunicado que estaba cumpliendo con la orden judicial y trasladando a los detenidos a otras instalaciones, aunque advirtió que la medida podría afectar la logística de deportaciones.
El gobierno federal, junto con 22 estados liderados por republicanos, apeló el fallo, argumentando que las leyes ambientales federales no deberían aplicarse a Florida, ya que el proyecto fue financiado con fondos estatales. “Ninguna decisión final de financiamiento federal ha sido tomada”, señalaron abogados del DHS.
Mientras tanto, la administración del gobernador Ron DeSantis se prepara para abrir un segundo centro de detención de inmigrantes, apodado “Deportation Depot”, en una prisión estatal del norte de Florida.
Denuncias de abusos
El cierre no solo responde a cuestiones ambientales. Organizaciones de derechos civiles interpusieron otras dos demandas en julio, señalando que los inmigrantes detenidos eran privados de acceso al sistema legal y sufrían “problemas graves” nunca antes vistos en instalaciones migratorias.
Las denuncias incluyen hacinamiento, fallas sanitarias y negligencia médica. Una de las querellas describe el lugar como un espacio donde las condiciones “cruzan la línea de lo inhumano”.
